¿Es reformable la ONU? ¿Habría que crear una nueva ONU?
Kepa Bilbao Ariztimuño (escritor)
La experiencia histórica revela los límites del Derecho internacional. La cuestión es si esos límites pueden superarse o, al menos, reducirse. Y, sobre todo, si para ello es posible reformar la Organización de las Naciones Unidas o si habría que pensar en una nueva arquitectura internacional.
Yo distinguiría, en primer lugar, entre los límites del Derecho internacional y los límites de las instituciones encargadas de hacerlo efectivo. No son exactamente lo mismo.
La crisis del Derecho internacional es, en buena medida, una crisis de la relación entre derecho y poder.
El Derecho internacional tiene límites, entre otras razones, porque no existe un poder político mundial capaz de imponerlo de manera equivalente a como un Estado hace cumplir su derecho interno. Y cuando están en juego los intereses de las grandes potencias, esos límites se hacen especialmente visibles.
La eficacia del Derecho internacional siempre ha dependido, en última instancia, de una determinada correlación de fuerzas y de la voluntad política de los Estados.
¿Es reformable la ONU?
La ONU fue concebida en 1945 para preservar la paz y la seguridad internacionales. Ochenta años después, atraviesa una crisis de eficacia y legitimidad que se hace especialmente visible ante los grandes conflictos contemporáneos.
A ello se suma una crisis financiera que está afectando a las operaciones de paz y a la capacidad de respuesta de la organización. En 2025, los recortes presupuestarios obligaron a las misiones de mantenimiento de la paz a activar planes de contingencia, con una reducción del 15 % de sus presupuestos y del 25 % de su capacidad operativa. En 2026, la propia ONU ha advertido de que la falta de liquidez sigue limitando la capacidad de las operaciones de paz.
La situación se ha complicado también por la decisión de Estados Unidos de retirarse de varias entidades de Naciones Unidas anunciada en enero de 2026.
La cuestión de fondo, sin embargo, es otra: ¿puede una organización internacional diseñada en 1945 responder adecuadamente a un mundo radicalmente distinto?
La vía legal interna: reformar la Carta de la ONU
La propia Carta contempla su reforma. El artículo 108 establece que una modificación debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea General y, posteriormente, ratificada por dos tercios de los Estados miembros, incluidos todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Actualmente la ONU cuenta con 193 Estados miembros, por lo que la mayoría de dos tercios en la Asamblea exige 129 votos.
Aquí aparece el gran obstáculo político: cualquier reforma sustancial de la Carta que afecte al poder de los miembros permanentes necesita finalmente su consentimiento. Los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— disponen además del derecho de veto en el Consejo de Seguridad.
En otras palabras, el sistema contiene una paradoja: para modificar de manera profunda el reparto del poder dentro de la ONU es necesario contar con el consentimiento de quienes ocupan las posiciones de poder que se pretenden modificar.
Algunas propuestas de reforma
Existen, sin embargo, distintas propuestas para adaptar el Consejo de Seguridad a la realidad del siglo XXI.
Ampliar el Consejo de Seguridad
El llamado Grupo de los Cuatro (G4), integrado por Brasil, Alemania, India y Japón, ha propuesto ampliar el Consejo de Seguridad de 15 a 25 miembros, incorporando seis nuevos puestos permanentes y cuatro no permanentes.
Los seis nuevos puestos permanentes se distribuirían entre África, Asia, América Latina y el Caribe y Europa Occidental y otros Estados. La propuesta del G4 forma parte de un debate que lleva décadas abierto y que continúa sin consenso.
El problema no es únicamente cuántos miembros debe tener el Consejo, sino quién representa a quién y qué derechos tendrían los nuevos miembros.
Limitar el derecho de veto
Otra posibilidad consiste en limitar políticamente el uso del veto en situaciones de atrocidades masivas.
Francia y México impulsan desde hace años una iniciativa para que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se comprometan voluntariamente a no utilizar el veto en casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra de gran escala.
La iniciativa ha cobrado nuevo impulso en septiembre de 2026 y cuenta ya con el respaldo de 128 Estados. Se trata, sin embargo, de un compromiso político y voluntario, no de una modificación de la Carta que elimine jurídicamente el veto.
¿Y si hubiera que crear una «nueva ONU»?
Destruir la arquitectura existente para construir otra desde cero sería extraordinariamente difícil. Y podría generar durante un largo periodo una situación todavía más inestable que la actual.
La ONU tiene, además, algo que no deberíamos despreciar: es prácticamente el único espacio universal en el que todos los Estados pueden sentarse alrededor de una misma mesa, incluso cuando lo hacen precisamente para discrepar.
Actualmente son 193 los Estados representados en la Asamblea General y cada uno dispone de un voto. Esa universalidad constituye una de las principales diferencias entre la ONU y cualquier organización alternativa basada en alianzas políticas o bloques de países.
Por eso, quizá la cuestión no sea tanto sustituir la ONU como preguntarnos qué tipo de arquitectura internacional puede construirse alrededor de ella.
¿Una organización alternativa?
En los últimos años han aparecido iniciativas que, sin sustituir formalmente a Naciones Unidas, apuntan hacia formas alternativas de cooperación internacional.
Un ejemplo reciente es la llamada Board of Peace, impulsada por la Administración de Donald Trump y formalizada en enero de 2026 como una organización internacional, inicialmente vinculada a la reconstrucción, la seguridad y la gobernanza de Gaza.
Pero una iniciativa de este tipo plantea una cuestión esencial: ¿puede un mecanismo internacional alternativo alcanzar una legitimidad universal comparable a la de Naciones Unidas?
La respuesta depende de quiénes participen, de qué reglas adopten y, sobre todo, de quién tenga capacidad efectiva para hacerlas cumplir.
También existe la idea de una «alianza de democracias» o de una arquitectura internacional formada fundamentalmente por Estados democráticos. Su atractivo reside en la posibilidad de reducir el peso de gobiernos autoritarios en determinadas decisiones. Su principal problema es precisamente el contrario: al excluir a una parte del sistema internacional, podría perderse la universalidad que constituye uno de los principales activos de Naciones Unidas.
Y tampoco resolvería automáticamente el problema del poder. Las democracias también tienen intereses nacionales divergentes y no necesariamente coinciden en cuestiones fundamentales de seguridad, energía, comercio o política exterior.
El problema de fondo: derecho y poder
No parece realista pensar que las grandes potencias estén dispuestas a aceptar fácilmente un sistema internacional en el que su poder político y estratégico quede completamente sometido a la regla de la mayoría.
Pero tampoco parece suficiente limitarse a mantener indefinidamente un sistema diseñado para una correlación de fuerzas que ya no existe.
Las potencias no actúan únicamente en función de principios jurídicos. La paz internacional también está condicionada por intereses estratégicos, económicos y de seguridad.
Ahí aparece una paradoja fundamental.
Para que una organización internacional pudiera imponer eficazmente sus decisiones a cualquier Estado, necesitaría disponer de una capacidad de coerción superior a la de los propios Estados.
Pero ¿quién controlaría esa fuerza?
La creación de un auténtico poder mundial podría resolver algunos problemas de anarquía internacional y, al mismo tiempo, crear otro: el riesgo de concentrar una capacidad coercitiva enorme en una institución cuya legitimidad y mecanismos de control tendrían que ser aceptados por todos.
Podríamos pasar así de la ausencia de un poder mundial a la necesidad de controlar un poder mundial.
¿Hay una tercera vía?
Quizá la alternativa no sea elegir entre un gobierno mundial y la impotencia actual.
Existen fórmulas intermedias que ya están presentes en la política internacional.
Un multilateralismo de ámbitos concretos
En lugar de construir un gran gobierno mundial, se desarrollan redes de cooperación en ámbitos específicos: cambio climático, salud, comercio, tecnología, inteligencia artificial o seguridad alimentaria.
Estas instituciones no pueden impedir por sí mismas una guerra, pero pueden crear vínculos de interdependencia que eleven el coste de la confrontación.
Sería una especie de «paz por interés» más que una paz basada exclusivamente en la confianza.
Equilibrios regionales
Ante la ausencia de una policía mundial, los bloques regionales pueden asumir una parte creciente de las responsabilidades de seguridad.
La Unión Europea, la Unión Africana y otras organizaciones regionales pueden desempeñar un papel complementario al de Naciones Unidas.
Pero también aquí aparece un riesgo: que los equilibrios regionales terminen reproduciendo, a una escala diferente, la misma lógica de bloques y confrontación que caracteriza al sistema internacional.
La llamada «paz democrática»
Otra línea de pensamiento sostiene que las democracias tienden a resolver sus conflictos entre sí mediante mecanismos institucionales y que la extensión de sociedades abiertas y conectadas podría reducir determinados riesgos de guerra.
La realidad contemporánea, sin embargo, obliga a matizar esta tesis. Las democracias también entran en conflicto, compiten estratégicamente y desarrollan políticas de disuasión militar.
Y aquí aparece una última paradoja.
¿Es el miedo a la autodestrucción el último equilibrio?
Durante la Guerra Fría, el miedo a la destrucción mutua asociado a las armas nucleares contribuyó a evitar una confrontación directa entre las principales potencias nucleares.
La pregunta es si ese mecanismo de disuasión continúa siendo suficiente en un mundo con más actores, nuevas tecnologías militares, inteligencia artificial, guerra cibernética y nuevas formas de conflicto.
Al mismo tiempo, cuanto más fragmentado y menos previsible es el sistema internacional, mayor puede ser el incentivo de algunos Estados para buscar garantías propias de seguridad, incluida la capacidad nuclear.
De este modo, la inseguridad puede alimentar precisamente aquello que pretende evitar: la proliferación de instrumentos capaces de producir una catástrofe global.
Conclusión
La historia enseña que el poder rara vez se cede voluntariamente y que las instituciones internacionales funcionan mejor cuando las grandes potencias consideran que también les interesa que funcionen.
Ese es probablemente el principal problema de Naciones Unidas.
Pero de ahí no se desprende necesariamente que haya que destruirla para empezar de nuevo.
La ONU tiene defectos estructurales, pero también posee una característica que ninguna alternativa ha conseguido reproducir plenamente: su universalidad.
Quizá el debate no deba plantearse, por tanto, en términos de ONU o nueva ONU, sino de qué ONU necesitamos.
Una reforma del Consejo de Seguridad, una limitación del uso del veto en determinadas circunstancias, una financiación más estable, una mayor capacidad de prevención de conflictos y una mejor articulación con las organizaciones regionales podrían permitir una evolución del sistema sin necesidad de destruir su arquitectura básica.
El problema seguirá siendo el mismo: ¿hasta dónde están dispuestas las grandes potencias a limitar su propio poder para construir un orden internacional más eficaz?
Y, en última instancia, queda una pregunta todavía más incómoda:
¿seguirá siendo el miedo a la autodestrucción el principal freno a una guerra entre grandes potencias, o las nuevas tecnologías y la fragmentación del poder están haciendo que ese equilibrio sea cada vez más frágil?