¿Puede la defensa civil noviolenta sustituir a la defensa militar?
El Correo y el Diario vasco, 3 de junio 2026
En los debates actuales sobre guerra, paz y seguridad europea hay una propuesta éticamente atractiva: la defensa civil noviolenta. Sus defensores parten de una intuición política poderosa: ningún régimen puede sostenerse solo mediante la coerción. Si la población retira su cooperación mediante huelgas, boicots, desobediencia civil o la creación de instituciones alternativas, incluso poderes represivos pueden quedar paralizados.
El argumento es sugerente. Pero convertirlo en estrategia principal frente a amenazas armadas plantea problemas serios.
Es cierto que el poder político depende en parte de la cooperación social. Sin embargo, la historia muestra que la desobediencia civil masiva sostenida es excepcional, difícil de coordinar y vulnerable a la represión selectiva. La resistencia civil puede ser decisiva en ciertos contextos -especialmente cuando el poder está erosionado o encuentra límites internos y externos-, pero difícilmente constituye una garantía suficiente frente a agresiones militares externas o contextos de represión extrema.
Esto no invalida la defensa civil noviolenta. Más bien invita a situarla en su lugar adecuado: no como sustitución completa de la defensa, sino como una de sus dimensiones posibles.
Algo semejante ocurre con el debate sobre el rearme europeo. Con frecuencia se plantea como una falsa disyuntiva entre militarización permanente y noviolencia estratégica. La cuestión real es otra: qué combinación de instrumentos permite proteger de forma efectiva a las sociedades europeas en un entorno internacional cada vez más inestable.
Es comprensible desconfiar de la idea de que más capacidades militares equivalgan automáticamente a más seguridad. La historia muestra que la acumulación de poder militar puede alimentar dinámicas de escalada y desplazar recursos necesarios para sostener sociedades más justas. Pero tampoco parece evidente que la renuncia a capacidades propias de defensa produzca por sí misma mayor seguridad. En un mundo atravesado por conflictos interestatales, guerras híbridas y competencia estratégica entre potencias, la vulnerabilidad tampoco es una política de paz.
Tal vez el problema esté mal formulado cuando se presenta como una elección entre militarización permanente y noviolencia estratégica. Entre esos dos extremos existe un espacio político más exigente: una concepción integral de la seguridad que combine disuasión defensiva, diplomacia preventiva, resiliencia civil, autonomía tecnológica, cooperación internacional y control democrático del uso de la fuerza.
El derecho internacional reconoce explícitamente la legítima defensa en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Este principio no es una concesión al militarismo, sino el reconocimiento de un límite trágico de la política: hay situaciones en las que proteger a la población exige disponer de medios materiales de defensa. La cuestión no es negar ese límite, sino impedir que se convierta en principio organizador de la vida colectiva.
Los defensores del pacifismo estratégico subrayan, con razón, que las guerras contemporáneas producen destrucción masiva y afectan crecientemente a la población civil. Pero reconocer ese hecho no resuelve la pregunta decisiva: qué ocurre cuando una sociedad renuncia por completo a defenderse frente a una agresión organizada. La cuestión relevante no es si la guerra protege la vida en abstracto, sino en qué condiciones puede hacerlo, frente a qué amenazas y bajo qué límites jurídicos y democráticos.
Como escribió Albert Camus, el gran problema político es cómo resistir sin convertirse en aquello contra lo que se resiste. Tal vez debamos añadir otra pregunta: cómo resistir sin renunciar a la posibilidad misma de resistir.
Existe una crítica habitual a la idea de que en la guerra puedan dirimirse valores como la justicia o la libertad, y es razonable desconfiar de la retórica moral que acompaña a los conflictos armados. Sin embargo, no todas las guerras son equivalentes: las guerras defensivas y de liberación política no pueden evaluarse solo por sus efectos destructivos, sino también por sus causas y objetivos. Negar la diferencia fundamental entre agresión y defensa equivale a renunciar a cualquier criterio moral para juzgar los conflictos internacionales Reconocer esta diferencia no significa justificar la guerra, sino asumir la dificultad de la política frente a la violencia.
La aportación más valiosa de la defensa civil noviolenta es recordarnos que una sociedad no está realmente protegida solo por sus medios militares, sino por la legitimidad de sus instituciones, la fortaleza de sus vínculos sociales y su capacidad de acción colectiva. Sin embargo, difícilmente puede constituir por sí sola una estrategia suficiente frente a amenazas armadas organizadas.
La alternativa real no es elegir entre armas o dignidad, sino construir un modelo de seguridad que no mida su eficacia únicamente por la capacidad de destruir, pero que tampoco renuncie a la capacidad de defender.
